La Asamblea Legislativa integra una comisión especial para estudiar el proyecto de ley y la vasta documentación que
generó. El asunto se hizo de conocimiento público y los costarricenses se enteraron por medio de artículos periodísticos,
de que nacía una esperanza para solucionar el problema del agua.
La Asamblea Legislativa consultó también, durante el proceso de elaboración de la ley, con experimentados salubristas
e ingenieros civiles, como Edison Rivera Castaing, Renán Méndez, Guillermo Roviralta, Fernando Chavarría Loaiza y
Eduardo Jenkins, quines avalaron el proyecto, conjuntamente con el Ministro de Salud, Dr. José Manuel Quirce Morales,
gran impulsor de la creación del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
El órgano legislativo venía, desde mucho tiempo atrás, tratando de buscarle una respuesta al asunto del agua. Primero
lo hizo mediante la Ley de Aguas emitida en 1942, que disponía en su artículo 41 que todos los acueductos del
país eran patrimonio del Estado, que las nuevas obras de este tipo las operaría el Ministerio de Salubridad Pública
y que los acueductos administrados por las municipalidades continuarán así hasta que se decretara su nacionalización.
En vista de que el Estado no pudo asumir directamente la operación que se preveía, y que el problema continuaba
agravándose, se emitió en 1953 la Ley General de Agua Potable, imponiendo regulaciones a los organismos
administradores, para que estos fijaran tarifas adecuadas, que permitieran la correcta operación de los sistemas, con
el fin de garantizar la potabilidad del agua en resguardo de la salud pública. Además, los obligaba a llevar contabilidad
separada, para garantizar que los fondos se dedicarán a su cometido.
Los diputados tenían razones suficientes para aprobar la Ley Constitutiva de un organismo descentralizado, provisto legal
y financieramente, para hacerse cargo de resolver la crisis del agua potable.